La Cámara Federal de Casación Penal tiene previsto resolver luego de la feria judicial de invierno, que concluye el 26 de julio próximo, si agrava la condena de seis años de prisión contra Cristina Kirchner por redireccionar licitaciones de obra pública en Santa Cruz para favorecer a Lázaro Báez. Uno de los tres jueces que debe votar en la causa Vialidad se pronunciaría por elevar la pena y sumar a la calificación de fraude otra más grave, la de asociación ilícita. Pero resta saber cómo votarán los otros magistrados.
Cristina Kirchner fue condenada el 6 de diciembre de 2022 en la causa Vialidad por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu a seis años de prisión. Gorini y Giménez Uriburu votaron por condenarla por el delito de fraude contra la administración pública. Y Basso, en minoría, se había pronunciado por sumar el delito de asociación ilícita, como lo reclamó el fiscal de juicio Diego Luciani.
Esa condena fue elevada a la Cámara de Casación para que sea revisada. Intervienen los jueces Gustavo Hornos, que preside la sala en esa causa, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.
Los jueces realizaron entre febrero y el 9 de mayo de 2024 seis audiencias con el fiscal ante la Casación, Mario Villar, y los abogados defensores de los condenados y absueltos. Ahora decidirán.
Tenían 20 días hábiles para definir si confirman el fallo de seis años por fraude, si lo revocan o modifican el monto de las penas, un plazo que ya se consumió, incluida la feria judicial. Tras las vacaciones de invierno volverán a trabajar el 29 de julio y en unos días más deberían tener una sentencia. Todo hace pensar que confirmarán la condena, pero la incógnita es si la agravarán y si cambiarán la calificación.
En esas audiencias, el fiscal Mario Villar reclamó elevar a 12 años de prisión la pena de la expresidenta y que se la condene no solo por fraude al Estado, como lo hizo el tribunal oral, sino como jefa de una asociación ilícita por las 51 licitaciones irregulares. También, que se confirme su inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos. La otra idea es que se considere cada una de las 51 licitaciones como un hecho de fraude en particular y se agraven la pena en función del concurso de delitos.
El fiscal de Casación criticó al tribunal oral por la escala penal que usó para castigar. “¡¿Qué le decimos a los funcionarios que asumen el cargo? [por Javier Milei y su gobierno que recién comenzada]. Si al arrancar en la función comenten muchos delitos, se los considerará uno solo, que ejemplo estamos dando!”, dijo Villar. Y argumentó: “Si una persona roba las cuatro ruedas de un auto, una por día, y lo condenan por un solo robo, por eso no es razonable que un delito de corrupción merezca esta pena. Es sentido común, es sentido de justicia. Es muy extraño. Se le saca la asociación ilícita, cuando la escala penal permitía una pena razonable”, expresó.
El fiscal pidió que sean condenados por asociación ilícita Cristina Kirchner como jefa y como organizadores el exsecretario de Obras Públicas José López, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el extitular de Vialidad Nelson Periotti, y el empresario Lázaro Báez. Asimismo, pidió que sean condenados Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas; Héctor Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, y Carlos Santiago Kirchner, exfuncionario de Planificación Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner.
Para el fiscal Villar se deben aplicar las penas que pidió en el juicio oral el fiscal Diego Luciani: 12 años de prisión para Lázaro Báez, 10 años para De Vido y José López, seis años de prisión para Periotti; cuatro años para Fatala y tres años de prisión en suspenso para Garro. Respecto de Carlos Kirchner, Luciani pidió dos años de prisión en suspenso por administración fraudulenta.
Los jueces de la Casación escucharon también al abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, que reclamó la absolución de su asistida. También argumentaron los abogados de De Vido, Periotti, Fatala, José López y Carlos Kirchner.
Ahora, los jueces de la Casación deben resolver. El juez Hornos ya habría elaborado su voto, que circula entre sus colegas. Se desconoce su contenido. Aunque fuera de los tribunales se especula con que el juez podría haberse pronunciado por agravar la condena y ampliar la acusación.
Borinsky aún no votó y menos lo hizo su colega Barroetaveña. Si bien hay una deliberación donde los jueces suelen votar cuando ven el voto del que los antecede en el turno de pronunciarse, en general tienen una idea propia que enriquecen o modifican a la luz de las otras posiciones. Nada está dicho y la sentencia está en plena elaboración.
Hornos ya votó en el pasado en otros expedientes con posiciones duras contra el kirchnerismo; Borinsky no oculta no su intención de ser Procurador General de la Nación, si es que lo postula el presidente Javier Milei, pero para llegar al cargo necesita los votos del kirchnerismo, pues hace falta alcanzar dos tercios de los senadores.
Barroetaveña llega a la votación en la causa Vialidad golpeado por las repercusiones negativas que tuvo su voto en el caso de los cuadernos de las coimas. Allí se pronunció por evitar que Angelo Calcaterra, el primo del expresidente Mauricio Macri, vaya a juicio oral con el resto de los empresarios, pues entendió que sus aportes fueron electorales, y no una coima para mantener los contratos de obra pública.
