Se acercan las elecciones generales y el Gobierno continúa con anuncios para aliviar el bolsillo de los trabajadores y los sectores populares. Se tratan de medidas parches que no revierten el deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora. El poder adquisitivo de los salarios se derrumbó durante el macrismo y bajo el Gobierno de Fernández la caída se profundizó gracias a la complicidad de los dirigentes sindicales.
Este jueves Fernández anunció un aumento de las asignaciones familiares por hijo para personas con empleo registrado de menores ingresos, monotributistas hasta la categoría D y quienes tengan alguna prestación por desempleo.
Según informó la titular de la Anses, Fernanda Raverta, "el promedio de hijos en argentina es de dos, es decir, son $ 20 mil en un salario de tramo 1 que es de hasta $ 78 mil, es un incremento importante". Para muchos hogares seguramente esta suma implica una ayuda, pero la medida oficial contrasta con los beneficios millonarios que el Gobierno concedió a las patronales o con el pago de la deuda fraudulenta al FMI.
Además, según el Monitor Presupuestario de ACIJ, el presupuesto vigente de este año para asignaciones familiares ajustado por inflación es inferior al del 2020, y también es menor a lo destinado durante los años del gobierno de Macri.
Alberto Fernández tuiteó “esta medida tiene que ver con el compromiso que tomamos con las y los argentinos de reconstruir y recuperar el poder adquisitivo de sus salarios”. Esta promesa la repite desde la campaña electoral antes de ser votado presidente, así como también afirmó que terminaría con el ajuste macrista, pero tampoco ocurrió.
¿Cuánto perdieron los salarios?
En los últimos doce meses el Índice de salarios total, publicado por el Indec, aumentó 47,4 %, mientras que la inflación en el mismo período fue de 51,8 %. Los salarios registrados privados subieron 51,1 % en julio con respecto al mismo mes del 2020, los salarios públicos tuvieron un incremento de 47,3 % mientras que para los no registrados hubo un alza de 37,4 %. Es decir, que en un año todos los sectores quedaron por detrás de la inflación.
A pesar de las promesas de Fernández los salarios no recuperaron lo que se perdió con Macri. El poder de compra del salario se derrumbó el 21 % para el sector privado registrado desde octubre de 2015 a julio de este año, y el 29 % para el sector público. En el caso de los trabajadores informales, la caída es del 30 % desde octubre de 2016. Muy lejos quedó la posibilidad de poder comprar asado o de llenar la heladera.
El Gobierno de cara a la campaña electoral también anunció una suba del salario mínimo, vital y móvil, pero en seis años perdió casi un 30 % de su poder adquisitivo. Esto significa que debería aumentar $ 12.700 más de la suba fijada para fin de año para igualar en términos reales el valor de fines de 2015. El salario mínimo está apenas por encima del nivel de indigencia.
Además, de la pérdida salarial la desocupación afecta a dos millones de personas en todo el país, los planes sociales no alcanzan para llegar a fin de mes, y los programas sociales, como el Potenciar Trabajo cobra solo la mitad del salario mínimo, es decir está por debajo de la canasta de indigencia.
Es necesario un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para los que se quedaron sin empleo. Ningún trabajador debería ganar menos que lo que cuesta la canasta familiar (la Junta Interna de ATE Indec la calculó en $ 109.000 en agosto). La CGT y la CTA deberían estar a la cabeza de un plan de lucha por las demandas de trabajadores y trabajadoras y de los sectores populares, por la unidad de trabajadores ocupados y desocupados para pelear por vivienda y trabajo genuino.
