La Justicia federal comenzó a investigar a Victoria Donda, quien encabeza el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), por el delito de malversación de caudales públicos y administración fraudulenta debido a que fue denunciada por intentar darle un puesto en su repartición a la empleada doméstica que trabajaba en su casa.
La denuncia contra Donda fue presentada el 29 de diciembre pasado por el abogado Fernando Zarabozo, abogado de Arminda Banda Oxa, la empleada que también le reclama a Donda por no haberla tenido registrada durante la totalidad de la relación laboral.
Por sorteo el caso le tocó al juez Sebastián Casanello, quien subroga el Juzgado Federal 12. El juez le delegó la causa a la fiscalía que está a cargo de Guillermo Marijuán. El fiscal se encuentra de licencia por haberse contagiado covid-19 y en su reemplazo –hasta que termine su aislamiento– actúa Eduardo Taiano.
Según pudo confirmar en fuentes judiciales, la fiscalía impulsó el caso, por lo que Donda quedó imputada. Al mismo tiempo la fiscalía pidió las primeras medidas de prueba para avanzar con la investigación.
Cuando se conoció la denuncia Donda, a través de su cuenta oficial de Twitter, hizo un descargo en el que aseguró que los aportes laborales y los pagos salariales de la empleada fueron hechos “en tiempo y forma”. También admitió el ofrecimiento que le hizo a Arminda, de 63 años, boliviana, pero aseguró que fue ella quien quiso renunciar a su trabajo como empleada doméstica. Donda había dicho: “Hace algunos meses, esa persona me manifestó su interés en renunciar a la relación que manteníamos, por razones personales. Fue ante dicha situación que le recomendé la posibilidad de acceder a alguna prestación social que le permitiera tener un ingreso a la vez que realizara alguna contraprestación en su barrio”.
El impulso de la investigación se dio a través de un dictamen al que accedió Infobae donde se explica que la denuncia realizada por Zarabozo señala que “Oxa había sido empleada de la ex Diputada desde el 1° de marzo de 2007, cumpliendo tareas domésticas en el domicilio de aquélla. Que, una vez iniciada la cuarentena dispuesta por el Poder Ejecutivo como consecuencia de la pandemia del Covid-19, Donda pretendió desvincular su relación laboral, intentando que aquella renunciara por su propia voluntad y de manera unilateral, ofreciéndole en dicha oportunidad, en caso de acceder a ello, a la percepción de un subsidio o de un cargo en el INADI, siendo que tales circunstancias la eximirían de pagar la indemnización correspondiente por despido injustificado”. En la denuncia se sostiene que Donda registró a la empleada recién en 2014 a pesar de que la relación laboral comenzó en 2007.
En la denuncia se transcribieron algunos audios que Donda le envió a Banda Oxa para demostrar el ofrecimiento de un cargo en el INADI o de un plan social:
-“Necesito que hablemos a ver si querés que te acompañe para sacar la jubilación. Y qué querés que hagamos con el aporte. Yo obviamente quisiera como te dije continuar la relación laboral. Pero entiendo si no podés y renunciás”.
-”Decime qué querés hacer y si te puedo ayudar en algo con lo de tu hermana. También podemos ver un contrato en el INADI (…)”.
- “Sí, claro, lo que te estoy diciendo que se te puede anotar en un plan o algo podemos ahí anotarte. Necesito que vos me digas eso (…) renunciás porque hay que darte de baja para poder anotarte en un plan y después se puede pagar para que saques la jubilación, pero yo también necesito resolver eso (…) mi novio que entiende (…) y entiendo también que necesitás la plata. Los planes están cobrando más o menos $10.000 y la contraprestación puede ser cerca de tu casa”.
La conclusión del denunciante es que “dichos mensajes no hacen más que demostrar que la denunciada utilizaría sus influencias y los recursos públicos que administra en el ejercicio de su función pública para resolver cuestiones particulares de su esfera privada, y así incumplir con sus cargas como empleadora doméstica y minimizar los impactos económicos que le generaría un reclamo laboral de una persona que no fue debidamente registrada”.
La fiscalía de Marijuán citó al abogado Zarabozo para que ratifique la denuncia el próximo martes y que lleve toda la documentación que tiene en su poder sobre el caso. Además se le solicitó al área de Asuntos Penales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que envíe toda la documentación que posea el organismo sobre Banda Oxa.
La investigación comenzó. Será la fiscalía de Marijuán la que determine si la funcionaria pública debe ser indagada por los delitos por los que se la investiga.
