La Casa Rosada planea en junio una nueva ola de despidos de empleados públicos y acelera su plan para achicar el Estado. Se trata de los contratos que fueron extendidos por tres meses en marzo.
El Gobierno no renovó 7000 contratos en diciembre y 15.000 fueron eliminados en marzo. Los cercanos al presidente sostienen que la cifra de junio podría ser más elevada que la de la última baja de hace tres meses.
El Ejecutivo espera informes de los ministerios y de los organismos descentralizados para tener el número final. La línea que se trazó es reducir los contratados mes a mes con prioridad de baja para los empleados con irregularidades.
Es por eso que los ministros, secretarios, subsecretarios y directores de empresas públicas llevan una auditoría constante sobre las funciones y actividades de los empleados contratados en sus áreas. Hay un choque constante con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que pide la reincorporación de trabajadores.
Hubo varias medidas de fuerza en edificios de Nación -como en la secretaría general de la Presidencia- y y hubo tensos cruces cuando se anunciaron las bajas y la reducción de las horas extras del personal estatal.
El proceso ejecutivo lo llevaba antes el exjefe de Gabinete Nicolás Posse y ahora en Balcarce 50 no tienen claro si lo encabezará su reemplazante, Guillermo Francos, o si lo hará el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, que se espera que sea nombrado como funcionario en los próximos días.
Milei lo designó para que lleve a cabo la reforma del Estado, que quiere lanzar una vez que se voten los proyectos de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. La mesa técnica de la Casa Rosada ya tiene lista una serie de desregulaciones de la economía que saldrían por decreto.
