Así desistió del intento de expropiación de la agroexportadora.
El Presidente volvió a cargar contra los accionistas y sostuvo que "el juez interviniente en el concurso no ha permitido que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía". "Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa", aseguró.
“Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”, explicó el Presidente a través de Twitter un rato después de que se adelantara la información.
En el Gobierno hay tanto malestar con los dueños de Vicentin como con el juez en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, a cargo del concurso. “Está jugando absolutamente con la empresa”, explicaron colaboradores presidenciales al tanto de los detalles de la decisión. “El lunes le dio 40 días más a los accionistas para presentar los balances. Es más: abrió el concurso sin que se presentaran esos documentos, algo que no está permitido. A cada requerimiento de la familia Nardelli y compañía, el juez les dio acogida”, ampliaron cerca del jefe de Estado, visiblemente molestos.
Desde su anuncio, que sorprendió incluso a algunos sectores del Frente de Todos por lo intempestivo, en los primeros días de junio, el Gobierno se enfrascó en una batalla político y judicial que luego incluyó al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y en la que hasta hoy no le había encontrado una salida viable. Rodeada, para colmo, por fuertes críticas del empresariado y la oposición, y frente a una reacción adversa de un sector relevante de la sociedad.
Tras el traspié legal y político de ayer, el juez de la quiebra quedó a cargo de la resolución del pleito.
Además de la quiebra, el juez federal Julián Ercolini lleva adelante una investigación por supuestas irregularidades en las cesiones de créditos del Banco Nación. Tanto la entidad oficial como la Unidad de Información Financiera (UIF) fueron aceptadas como querellantes por la cámara.
En las últimas semanas, el jefe de Asesores de la Presidencia, Juan Manuel Olmos, se metió de lleno en el tema por pedido expreso del Presidente.
La semana pasada, el funcionario viajó a Rosario y dedicó todo un día a reunirse con representes sindicales, de los acreedores, de la Inspección de Justicia y acopiadores de granos, entre otros. A la vuelta, fue hasta el despacho del jefe de Estado con un informe minucioso, según contaron asesores de la Presidencia: “Esto no camina”, le avisó Olmos.
Desde ese momento, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, que nunca estuvo del todo de acuerdo en cómo se avanzó con la intervención, empezó a pulir la derogación publicada esta tarde.
