Pese a que el Gobierno decidió retirar varias de las empresas que pretendía privatizar en su estrategia para que el Senado apruebe la Ley Bases, finalmente pedirá incorporarlas en Diputados. “Con las empresas privatizables no tuvimos un acuerdo en el Senado porque no teníamos votos para poder sostenerlo. No tenemos un compromiso de que Diputados no pueda insistir en esos temas, por lo que también le pedimos a Diputados insistir en las privatizaciones”, explicó en las últimas horas el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y aclaró así sus planes para la negociación que viene en la Cámara baja.
Los motivos detrás de la persistencia oficial probablemente se explique en cuestiones fiscales, ya que en el primer trimestre del 2024, las compañías que funcionan bajo la órbita estatal mostraron un déficit operativo de más de $500.000 millones, incluso con una reducción de más de 2000 puestos de trabajo.
De acuerdo a las cifras de la Oficina de Presupuesto, las 33 empresas públicas no financieras mostraron un rojo operativo –esto es, la diferencia entre la recaudación y los gastos de cada compañía para el funcionamiento de su actividad particular- de $514.242 millones. Por ello, el Tesoro realizó transferencias por $554.277,5 millones durante el primer trimestre de 2024.
Sin embargo, si a eso se agrega la diferencia entre los ingresos y los gastos vinculados tanto a cuestiones corrientes, así como inversiones o equipamiento, se obtiene el resultado financiero, que arroja un déficit acumulado de los primeros tres meses del año de $142.287,5 millones.
Cuáles fueron las empresas con mayor déficit financiero en el primer trimestre de 2024
El resultado financiero del primer trimestre del año obedece especialmente al déficit de Aerolíneas Argentinas y Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que mostraron déficits financieros por $149.214,4 millones y $136.889,1 millones respectivamente.
En el caso de Aerolíneas Argentinas, pese a que se registró un importante aumento en los ingresos corrientes gracias al crecimiento en las ventas de pasajes internacionales y de cabotaje, no fue posible compensar la suba en los gastos operativos de la compañía, destinados principalmente a la compra de combustible. En concreto, la línea de bandera mostró gastos por $532.146,1 millones e ingresos por $382.931,7 millones.
Por su parte, AySA tuvo una importante desmejora que “se explica principalmente por el sustancial incremento de las inversiones devengadas y por el menor resultado operativo registrado en el periodo”. A saber, la empresa dedicada a la prestación del servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales tuvo gastos por $231.221,8 millones e ingresos por $94.332,7 millones. De todas maneras, en la compañía aclararon que en su caso particular no se recibieron envíos del Tesoro en el primer trimestre.
Más allá de estos dos cosas en particular, la dinámica fiscal de las 33 empresas públicas en su conjunto durante el primer tramo del 2024 responde principalmente por el lado de los ingresos -que fueron de $1.894.009,2 millones en total- a las transferencias que el Tesoro le hizo a la empresa Enarsa para pagar el gas natural proveniente de Bolivia, así como los fondos obtenidos por esa misma firma por la comercialización de gas, también los giros que se hicieron a la Operadora Ferroviaria S.E para afrontar sueldos y otros costos de operación, y los recursos generados de Aerolíneas en la venta de pasajes.
En tanto, la vertiente de los gastos -que llegaron a $2.036.296,7 en los primeros tres meses del año- se explica principalmente por la operación de Aerolíneas y de Enarsa, así como también las inversiones destinadas al avance de las obras del gasoducto Néstor Kirchner y la Reversión del Gasoducto Norte.
Paralelamente, y bajo el objetivo oficial de achicar los gastos, el Ejecutivo puso en marcha un plan para reducir la nómina de personas que trabajan en esas compañías que incluyó una serie de retiros voluntarios. Tal como informó, ya se ofrecieron programas de desvinculación en al menos cuatro de ellas.
La reducción del personal ya quedó reflejada en los números, ya que, siempre según los números que lleva la Oficina de Presupuesto, la dotación de personal de las empresas públicas pasó de 92.488 personas a 90.295. Esto es, 2193 personas menos o un ajuste del 2,37% sobre la nómina total.
Si se observa el detalle en particular, 1013 de esas bajas se hicieron en el Correo Argentino; 306 en Tandanor; 282 en la Administración General de Puertos (AGP); 224 en DECAHF; 141 en AySA y 124 en la Fábrica Militar de Aviones (Fadea).
