La Sociedad Interamericana de Prensa rechazó este martes la creación de un observatorio de medios gubernamental en Argentina con el “oscuro propósito” de “proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias”, al tiempo que mostró sorpresa de que un tema tan relevante para la sociedad y la democracia “no haya tenido el necesario debate público”.
El presidente del organismo, Christopher Barnes, dijo que “lamentamos que una vez más un gobierno argentino, como lo han intentado otros gobiernos en el país en varias épocas, busca juzgar la conducta y los criterios editoriales de los medios, decidiendo que es bueno o malo para la sociedad”.
Roberto Rock, titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, recordó: “Los observatorios creados para monitorear y discutir temas de libertad de expresión han terminado por ser el primer paso con el oscuro propósito de un gobierno para regular a los medios y entrometerse en los contenidos”. En tal sentido, añadió: “Sin dudas, pronto empezaremos a ver cómo el gobierno tratará de justificar nuevas regulaciones que coartarán la libertad de prensa y expresión”.
La Defensoría del Público lanzó NODIO, un Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica, que “trabajará en la detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión”, según la presentación en la página oficial.
En un reciente comunicado, ambos recordaron que durante gobiernos anteriores en Argentina, la imposición oficial de códigos de ética obligatorios para los medios fue rechazado tras intensos debates públicos. Y mostraron su sorpresa que esta vez la conformación de “NODIO nació en forma intempestiva como si juzgar los contenidos de los medios y de las redes sociales fuera una potestad del Estado, en franca contradicción con los espacios de libertad de expresión que el mundo ha logrado con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Barnes y Rock agregaron que la SIP defiende y promueve la calidad de los contenidos y la ética profesional, pero entiende que “la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos”. “Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios”, recordaron, tal como lo establece la Declaración de Chapultepec.
En este contexto, agregaron que “es la Justicia la que debe intervenir cuando los usuarios se sienten afectados por los contenidos de los medios de comunicación o cuando dos derechos de igual valor entran en conflicto, como la libertad de expresión y el derecho a la honra”.
Ambos afirmaron que la SIP no se opone y alienta la crítica contra los medios, pero rechaza “instrumentos estatales que, por experiencia en muchos países, han servido para hostigar a los medios e implementar formas de censura”.
Cabe recordar que el artículo 6 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que “la actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados
