Señaló que "otro 20% de las consultas tuvo que ver con dificultades para pagar el alquiler dado que pidieron préstamos para hacer frente al saldo correspondiente a abril, otros hicieron abonos parciales o sufrieron una caída de hasta el 50% de sus ingresos o directamente perdieron su trabajo".
En un comunicado, también advirtió que "la negativa a bancarizar el alquiler (o con recargos por hacerlo) y la retención indebida del depósito de garantía luego de meses de reclamos representó el 14%".
Así, el organismo remarcó que el perfil de las demandas del programa de Atención a Inquilinos de la Defensoría "se modificó con respecto a semanas anteriores y, de las 620 consultas recibidas entre el 20 y el 30 de abril, prácticamente la mitad estuvo vinculada con dificultades para afrontar el pago y al incumplimiento del decreto que protege el acceso a la vivienda durante la emergencia sanitaria".
Sólo un 12% de las consultas estuvo vinculada con el deterioro de los inmuebles y cuestiones como arreglos, humedad, luz de obra y corte de gas. "El resto se refirió a problemáticas como el pedido de autorización para mudanza, consultas por imposibilidad de pago en locaciones comerciales o profesionales sin actividad económica", indicó la Defensoría.
