El conocido abogado penalista Gustavo de la Fuente y un sujeto oriundo de Colombia fueron detenidos ayer por personal de Gendarmería Nacional, por su presunta vinculación a un caso de trata de personas con la venta de sexo virtual, cuyo contenido era producido en San Juan y vendido fuera del país, a través de un sitio en internet bloqueado para Argentina, dijeron ayer fuentes de la investigación. Hay el menos cinco mujeres (de La Rioja y San Juan) víctimas de supuestas explotaciones sexuales, precisaron.
El hecho había sido denunciado hace más de 6 meses por un organismo nacional: la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Y fue el fiscal federal Francisco Maldonado quien dirigió desde entonces las investigaciones, que ahora cuajaron en las órdenes de secuestro de evidencias y las detenciones de los sospechosos efectuadas por el juez Leopoldo Rago Gallo.
De la Fuente había quedado en el foco de una polémica el 23 de mayo de 2022, cuando ya se sospechaba que en una casa alquilada de la calle Güemes, al Sur de Libertador, Capital, podían explotar sexualmente a mujeres. Entonces, de la Fuente se identificó como representante legal de quienes alquilaban esa propiedad y la UFI CAVIG investigó, pero el caso fue desestimado.
Sin embargo, hubo una nueva denuncia anónima en Protex y la investigación volvió a tomar impulso, esta vez en la justicia federal.
Todo indica que entre las evidencias recabadas por los investigadores, hubo escuchas que complicarían al abogado no ya por su ejercicio profesional, sino como presunto socio del colombiano y el venezolano (sus identidades no trascendieron) en la administración de ese mismo local y la distribución de los beneficios económicos que obtenían. Informalmente, se habla de que los tres sospechosos se quedaban con más del 50 por ciento de las ganancias en moneda extranjera conseguida con el contenido sexual producido.
A pesar de las sospechas, de la Fuente y los demás imputados tendrán la posibilidad de conocer las pruebas en su contra y defenderse, contrarrestando con evidencia propia la grave imputación que pesa en su contra. Por ley, deben ser considerados inocentes, pues sólo una condena firme en su contra quebrará ese estado.
La trata de personas, en su modalidad de explotación económica del ejercicio de la prostitución de otra persona, a pesar de que preste su consentimiento, se sanciona con penas de 4 a 6 años. Y esa escala puede elevarse a castigos de entre 5 y 10 años, si hay agravantes.
Los pesquisas intentan determinar si las maniobras investigadas se perpetraron o no con agravantes, como el “engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.
