El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires suspendió la emergencia presupuestaria que había declarado el 10 de abril, luego de que el Gobierno nacional aprobara hoy nuevos fondos para la institución. El financiamiento anunciado es solo para la UBA: el resto de las universidades nacionales advirtieron que no está resuelto el problema de las otras 60 instituciones de educación superior estatales que funcionan en todo el país y que se movilizaron el pasado 23 de abril.
En dos resoluciones emitidas por la Secretaría de Educación y firmadas por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el Ministerio de Capital Humano otorgó refuerzos por 26.016 millones de pesos para gastos de funcionamiento y de 35.436 millones de pesos para “sostener los niveles de atención de la salud” de la UBA.
Fuentes de la Universidad aclararon que los nuevos fondos garantizados por el Gobierno están destinados “exclusivamente al funcionamiento operativo de esta institución” y que “continúa la preocupación por la cuestión salarial, investigación e infraestructura”.
Desde la UBA explicaron que las nuevas resoluciones implican una actualización de los gastos de funcionamiento del 270% interanual con respecto al presupuesto 2023, y de 300% para los hospitales universitarios y las áreas vinculadas con la asistencia de la salud.
“Las sumas indicadas, si bien se encuentran por debajo del presupuesto óptimo para el funcionamiento pleno de la Universidad, posibilitan una programación presupuestaria, imposible hasta el momento”, señaló el Consejo Superior en una resolución emitida hoy. Por esa razón, la Universidad decidió suspender la emergencia presupuestaria que había declarado hace poco más de un mes.
Sin embargo, desde la UBA sostuvieron el “estado de alerta y profunda preocupación en materia de recomposición salarial” y enfatizaron la necesidad de “arribar a un pronto acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los representantes sindicales de las Universidad Nacionales” para recomponer el ingreso de los trabajadores docentes y no docentes.
También reiteraron el reclamo sobre “las partidas restantes aún no actualizadas y/o discontinuadas, particularmente aquellas vinculadas a las áreas de ciencia y tecnología, extensión universitaria y los programas de infraestructura universitaria”.
A diferencia de la UBA, el resto de las universidades nacionales –que también vienen reclamando desde principio de año y habían convocado a la Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril– advirtieron que no tienen novedades sobre sus presupuestos y denunciaron una “discriminación federal”.
“Estamos en plena discusión viendo si nos dan lo mismo a todos. Si no, habrá problemas”, adelantó a Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN),
Desde la UBA aseguraron que apoyan el reclamo del sistema universitario. “Por supuesto que la UBA también va a reclamar no solo los gastos de funcionamiento de la UBA, sino de todo el sistema. Tal vez la UBA, por una cuestión de volumen, es la que tiene mayor repercusión, pero para nosotros es importante que el resto de las universidades puedan funcionar”, dijo el vicerrector, Emiliano Yacobitti.
En el Congreso nacional hay varios proyectos de ley para garantizar el presupuesto de las universidades. Desde el Consejo Superior de la UBA apoyaron la sanción de una Ley de Financiamiento Universitario que “establezca parámetros objetivos en la distribución del presupuesto de las universidades nacionales, así como también un criterio de actualización que permita mantener año a año, y a lo largo del mismo, el poder adquisitivo de las asignaciones presupuestarias realizadas”.
Las universidades estatales vienen reclamando desde principio de año una actualización presupuestaria acorde con la inflación. Según el presupuesto 2024, las universidades nacionales y sus instituciones de salud tenían para este año asignados $1.385.290 millones (1,3 billones), el mismo monto que en 2023, pese a la inflación. El 26 de marzo hubo una ampliación presupuestaria de $30.629 millones, apenas el 2,21%. En abril, justo antes de la marcha federal, hubo un segundo aumento del 70% pero solo para gastos de funcionamiento: el presupuesto vigente pasó a $1.440.397 millones (1,4 billones), o sea, apenas un 4,1% más.
De acuerdo al análisis realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), considerando la expectativa de inflación para 2024, esa última ampliación implicó que el presupuesto asignado al Programa Desarrollo de la Educación Superior equivaliera a un 71% menos que en 2023. El cálculo de ACIJ surge de considerar una inflación proyectada por el REM para 2024 de 189%, usando una inflación promedio interanual, lo que arroja un índice de 265%.