El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, fue procesado por los delitos de abuso sexual simple y desobediencia, según lo dictaminado por la jueza María Galletti. En el marco de este proceso, se impuso una orden de prohibición de acercamiento y contacto hacia la víctima, estableciendo una distancia mínima de quinientos metros durante todo el proceso penal.
Además, como medida preventiva, se ordenó un embargo sobre los bienes personales de Espinoza hasta cubrir la suma de $1.500.000.
A pesar de las acusaciones, la jueza Galletti decidió mantener la libertad provisoria del intendente, considerando que no se acreditaron los riesgos procesales suficientes para justificar una detención preventiva.
El relato en el expediente detalla un incidente en el cual Espinoza habría comenzado a besar los pechos de la víctima y a tocarla por encima de la ropa, mientras le decía: "Quédate tranquila, siempre te tuve ganas, va a estar todo bien". Durante el forcejeo, Espinoza intentó bajarle los pantalones y le rompió la camisa, insistiendo en que le practicara sexo oral.
La víctima logró resistirse, y finalmente la situación terminó cuando Espinoza, frustrado por no poder bajarle el pantalón, se vistió y se retiró del lugar, diciendo: "Bueno listo, ya está, se terminó todo, me voy, ya está, no te preocupes".
A través de un comunicado de la oficina de prensa municipal, el intendente remarcó que se trata de "una denuncia absolutamente falsa" y de "una mentira armada". En el texto pidió dejar "actuar a la Justicia" y recordó los dos pedidos de sobreseimiento que realizó la Fiscalía en 2022 y 2023.
"La primera ocasión fue en agosto de 2022, primer pedido de sobreseimiento de la Fiscalía, y la segunda en diciembre de 2023, segundo pedido de sobreseimiento de la Fiscalía, tras la incorporación de peritajes psicológicos a la denunciante", detalló la oficina de prensa y advirtió que "a pesar de que la denunciante no apeló en ninguno de los dos casos, el expediente se mantuvo abierto".
El municipio reclamó que se retome la causa "sin incorporación de nuevas pruebas ni nuevos testimonios". La jueza Galletti, además de la orden de prohibición de acercamiento y contacto, ordenó un embargo sobre los bienes personales del intendente hasta cubrir la suma de $1.500.000.
