La vicepresidenta aún no logró imponer su estrategia electoral y asume que la justicia federal avanzará en distintas causas de corrupción que podrían complicar aún más su situación procesal.
Con 70 años cumplidos, Cristina Kirchner es la dirigente política que más cargos institucionales ocupó en los cuarenta años de la democracia. Fue diputada, senadora, convencional constituyente, dos veces jefe de Estado y ahora es Vicepresidente de la Nación. Sin embargo, a pocos meses de los comicios que ponen en jaque al Frente de Todos, no puede imponer su hoja de ruta al peronismo y aguarda una nueva ola de pronunciamientos judiciales que complicarán aún más su situación penal.
Cristina diseñó una estrategia política que carga una falla de origen: presumió que Alberto Fernández aceptaría sus órdenes y cedería su candidatura presidencial. Pero el jefe de Estado tiene otros planes y trabó la ejecución de un plan electoral que ya está condicionado por la situación económica y la inexistencia de una conspiración institucional montada por la Corte Suprema.
CFK sostiene que no será candidata porque la justicia federal dispondrá su proscripción para dañar al Frente de Todos. En esta inasible hipótesis, la vicepresidente explica que la Corte Suprema decidirá su inhabilitación para ejercer cargos públicos -proscripción en su argot- cuando inicie la campaña electoral y sea muy complejo designar a otro candidato peronista.
Desde esta perspectiva, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda serían funcionales a la estrategia de la oposición y sellarían la suerte electoral del Frente de Todos. En la construcción sofista del kirchnerismo, se habría comprobado los lazos profundos y oscuros que vinculan al Poder Judicial con Juntos por el Cambio.
La vicepresidente conoce de memoria un fallo dictado por la Corte -con los votos de Lorenzetti, Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Elena Highton de Nolasco- que benefició a Carlos Menem en 2017. En esa oportunidad, el fallecido ex presidente se presentaba como candidato a senador y ya había sido condenado por tráfico de armas.
La causa tenía fallo de la Sala I de la Cámara de Casación y la Cámara Nacional Electoral había aceptado la impugnación de Menem como candidato. Sin embargo, la Corte habilitó -de manera indirecta- su nominación porque la sentencia no estaba firme. El dirigente murió sin condena definitiva y en su cargo de senador representando a La Rioja.
CFK encaja en la Doctrina Menem establecida por esta Corte Suprema. Fue condenada en el caso Vialidad, y sus abogados tienen decidido llegar hasta el alto tribunal. Entonces: como no hay sentencia firme y el expediente será apelado a la Cámara de Casación y después -vía Recurso Extraordinario o Queja- podría llegar a la Corte, Cristina Kirchner tendría tiempo suficiente para ser candidata a Presidente en los comicios del 22 de octubre.
La presunta proscripción de la vicepresidenta, que el Frente de Todos usará como argumento de campaña electoral, es una cortina de humo. CFK observa escasas posibilidades de un triunfo en los comicios de octubre, y decidió dar un paso al costado. Ella asume que la situación económica y el consecuente mal humor social serán determinantes al momento de elegir al futuro presidente.
Jubilación millonaria
El injusto presente de los jubilados, fruto de las medidas del Gobierno contrasta con el privilegiado pasar de la jubilada Cristina Kirchner que, ajena a las pérdidas de sus compatriotas jubilados, ha recibido significativos beneficios en sus ingresos jubilatorios.
Cuando comenzó la gestión de Alberto Fernández y también suya, la vicepresidenta recibía una sola jubilación de privilegio, por la suma de $461.672. Actualmente percibe dos jubilaciones de privilegio por un total de $7.673.187 por mes, lo que significa un incremento de casi 1600%. Los cálculos para llegar a esa suma se realizaron agregando la movilidad legal a los montos informados en 2017 por la expresidenta.
Cabe recordar que el artículo 5 de la Ley 24.018 prohíbe el cobro de dos beneficios previsionales en el régimen particular al que se refiere. Por ese motivo, el gobierno anterior le había suspendido uno de ellos. Sin embargo, Cristina Kirchner inició un juicio para recuperarlo y consiguió que, pese a la contundente prohibición legal, un juez subrogante -Ezequiel Pérez Nami- le diera la razón. Si bien la Anses había apelado la sentencia, la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, desistió luego del recurso. Así, la decisión no pudo ser revisada en la instancia de apelaciones, y la Anses -o sea, todos los argentinos- tendrá que pagar un retroactivo que ascendería, según una estimación, a $176.000.000.
La sentencia no se encuentra firme porque la diputada Graciela Ocaña presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También existe una denuncia penal de la legisladora para que se investiguen las irregularidades que tiene el caso: mientras todos los jubilados deben esperar años a que su sentencia quede firme, la Vicepresidenta tuvo el doble privilegio de cobrar antes de ese momento y de que la Anses no apelara su sentencia.
Sentencia histórica: la Justicia condenó a Cristina Kirchner a 6 años de prisión
En un fallo cuyo impacto político aún resulta prematuro medir, el 6 de Diciembre del 2022, el Tribunal Federal Oral 2 condenó a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión y la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos. El tribuna condenó a la Vicepresidenta de la Nación, al encontrarla culpable del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, aunque la absolvió por el cargo de “asociación ilícita”. Es la primera vez que se condena a un vicepresidente de la Nación en ejercicio.
El TOF 2 dio a conocer este martes a tarde el veredicto en el llamado “juicio de Vialidad” e informó que el 9 de marzo se conocerá el fallo completo. Media hora después de conocida la condena, desde su despacho en el Senado, habló la Vicepresidenta: se dijo víctima del “Partido Judicial”, denunció un entramado de funcionarios judiciales, políticos opositores y empresarios de medios, dijo que “la condena real es la inhabilitación” que se le impuso y anunció no será candidata en 2023 para ningún cargo.
El primer punto del fallo fue el rechazo a los planteos de nulidad de las defensas. Después pasaron a leer cada una de las sentencias. Cuatro de los trece acusados, entre ellos, Julio De Vido, fueron absueltos.
El TOF2 castigó a Cristina Fernández de Kirchner con la mitad de años de prisión que pidieron los fiscales Luciani y Mola: solo seis años, igual cantidad que al empresario patagónico, Lázaro Báez, y al exsecretario de Obras Públicas, José López. La inhabilitación para ejercer cargos públicos le fue impuesta a los condenados.
Los jueces también impusieron el decomiso entre los condenados de más de 84 mil millones de pesos: ese fue el cálculo estimado sobre el “perjuicio descomunal y sin precedentes para las arcas públicas”, según dijeron los jueces en el adelanto de los fundamentos que se difundió al rato de informado el veredicto.
Según trascendió en tribunales, los fiscales apelarán el fallo en disconformidad con las penas resueltas por el TOF2. El juez Andrés Basso fue el único del tribunal que votó por hallar culpable a Cristina Kirchner del delito de asociación ilícita.
La sentencia quedará firme cuando se agoten las instancias de apelación, con la Corte Suprema como última instancia. Es por eso que, en el plano judicial, hasta que no haya una sentencia firme, Cristina Fernández de Kirchner queda habilitada para ser candidata en 2023, más allá del renunciamiento anunciado este martes.
