La directora de Política y Justicia de la organización explicó los puntos centrales del informe que difundieron sobre la herramienta.
Mariana Marques, directora de Política y Justicia de la organización, habló este domingo y explicó los fundamentos de los planteos. La app creada por el Gobierno nacional permite llevar el permiso de circulación en el celular, pero antes solicita la realización de un autodiagnóstico de salud para evaluar si el usuario tiene síntomas compatibles con el COVID-19. “Esta información son datos personales y sensibles porque tienen que ver con nuestra salud, esto recibe una protección especial de la ley y del derecho internacional”, resaltó la integrante de la entidad de Derechos Humanos.
Y alertó: “Lo que vemos hoy es que la aplicación asocia estos datos a nuestra identificación, a nuestro DNI, a nuestra dirección, y todo esto se transmite al Gobierno y se genera una base de datos”.
En este sentido, planteó que la preocupación de Amnistía Internacional “va en relación con la necesidad de la recolección y el tratamiento de estos datos, ya que no hay transparencia en la manera en que se están recopilando y almacenando”. Y detalló que, al momento, no hay información sobre quiénes tienen acceso a ella, hacia dónde van esos datos, dónde se almacenan o con qué nivel de protección.
Otro de los planteos que hicieron, es que no ven “la necesidad” de pedir estos datos. “Actualmente la tecnología está tan desarrollada que nos permite hacer estas mismas cosas: hacer un autodiagnóstico o consultar a las autoridades en salud sin tener que compartir esta información”, señaló Marques.
Por este motivo, la entidad de Derechos Humanos le pidió a la Secretaría de Innovación Pública, que es la que está a cargo de la aplicación, que le especifique cuál es la necesidad puntual para obtener la información de salud de cada usuario y asociarlo a sus datos personales, “para lograr esa atención de salud y para el permiso de circulación”.
“Son datos sensibles, por eso requieren una protección especial, demandan una ley específica para poder recolectarlos, y en el caso de la app esa ley no existe”, resaltó Marques. Y argumentó que el servicio podría tener las mismas funcionalidades, permitir obtener el permiso de circulación, sin necesidad de obligar al usuario a compartir sus datos de salud.
En relación a si la ley autoriza al usuario a poder solicitar a la autoridad que borre sus datos de la aplicación. Marques explicó que desde la Secretaría de Innovación les transmitieron que “tienen los mecanismos puestos en marcha por si uno quiere que estos datos sean eliminados”. Sin embargo, para lograrlo hay que hacer un pedido formal, y esto podría ser engorroso para muchas personas.
“Para que limites un derecho humano como la privacidad, esto tiene que estar justificado o ser proporcional a la finalidad que se propone, no deberíamos estar negociando nuestro derecho a la privacidad por nuestra protección del derecho a la salud”, planteó la directora de Política y Justicia de la organización.
Amnistía Internacional viene haciendo estos planteos desde el lanzamiento de la aplicación. Primero, realizaron un pedido de acceso a la información, que fue respondido en tiempo y forma. Luego, tras el primer informe, desde esta Secretaría del Gobierno los llamaron a una reunión.
“Ahí hicieron una adaptación luego de hablar con nosotras, que todavía seguía el planteamiento de si la app podía llegar a ser obligatoria en algunas jurisdicciones. El Gobernador de la provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof) había manifestado la opción de volverla obligatoria y esto no había quedado claro. Esto lo cambiaron, hicieron caso de esta preocupación que ya no figura en el informe”, reveló Marques.
A su vez, frente al reclamo de que “el código no estaba publicado”, se publicó a fines de julio el código del frontend, que permite saber qué datos son colectados en la app, en el dispositivo. “Lo que no sabemos es cuando esos datos llegan al Gobierno cómo son almacenados, con qué nivel de seguridad, qué tratamiento reciben. Además estos servidores no son del Gobierno, contrataron una empresa privada para que los almacenaran, ese es otro tema, está fuera del país, generan camadas de preocupación”, remarcaron desde Amnistía Internacional.