Propuso ampliar las funciones del Observatorio NODIO. Juntos por el Cambio solicitó la disolución porque “afecta la libertad de expresión”.
El senador Oscar Parrilli pidió que el Observatorio NODIO monitoree a “los medios que difaman a los políticos”. El legislador, de estrecha relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner, hizo el pedido durante la presentación de la defensora del Público de la Comunicación Audiovisual Miriam Lewin ante la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual.
En la sesión diputados y senadores de Juntos por el Cambio hicieron un pedido formal para que el Gobierno disuelva el Observatorio y promueva la autorregulación. Plantearon que el organismo “afecta gravemente al derecho de la libertad de expresión, que se vería seriamente condicionado ante la intervención estatal en el monitoreo y vigilancia de los medios de comunicación y las plataformas digitales”.
En una de sus intervenciones, Parrilli dijo que hay “una campaña que se ha hecho durante muchísimos años de difamación a la clase política”. Consideró que “se hacía esto porque ‘los políticos no servían, entonces tenían que venir los militares a hacer los golpes y gobernar los militares’”. “Por suerte eso en la Argentina ya está absolutamente descartado”, afirmó.
Habló de una “intención de difamar a la política y los políticos diciendo que ‘son todos corruptos, todos iguales, inútiles, inservibles, choripaneros’” y planteó que “hoy no es para suplantarlos por los militares porque a nadie hoy se le ocurriría eso, pero sí para suplantarlos por los CEO”.
Con referencias a la anterior administración de Mauricio Macri, en la que muchos funcionarios venían de la actividad privada, consideró que la “campaña de difamación de la política es para que vengan los dueños de las empresas, que esos no van a robar, que saben, conocen la realidad y van a gobernar bien”. Con críticas al gobierno de Cambiemos, planteó: “Más allá de lo que uno pueda hacer como evaluación, el gobierno de los CEO no le significó al pueblo argentino ninguna mejora”.
El senador del Frente de Todos pidió que se incluya dentro de los temas a analizar por NODIO “a ver, a discutir, y a mostrar básicamente estas campañas de difamación de la actividad política, y de los políticos en general”. Sostuvo que no se refería “a un partido político porque esto va para todos, derecha, izquierda, más arriba, más abajo”.
Destacó “sobre todo lo que tiene que ver con las falsas imputaciones, que los políticos ‘son chorros, delincuentes, tienen una cuenta allá’”. Planteó que “muchas veces esta difamación generalizada, afirmaciones sin pruebas ni argumentos” tienen “la intención de difamar la actividad con el objetivo de reemplazar a los políticos no por los militares, sino por los CEO”.
Luego de hacer esta exposición le pidió a Lewin “que incluya estos temas en el Observatorio” para mostrar que los medios de comunicación, de acuerdo a sus acusaciones, “cuántas veces han mentido sobre el prestigio de los dirigentes políticos y cómo se ha utilizado este hecho de difamar a la política con la intención y el objetivo de reemplazar y suplantarlo” por empresarios.
Rechazaron el pedido para frenar el observatorio de medios NODIO
La semana pasada la jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó el pedido del fiscal federal Carlos Stornelli para frenar la creación del polémico observatorio de medios NODIO que impulsa el Gobierno. La magistrada no resolvió sobre el pedido de indagatoria de Lewin, titular del organismo, y pidió como medida de prueba la normativa de creación.
Capuchetti consideró que “más allá de la opinión que se pueda tener sobre la creación de un organismo como el cuestionado y de cuál o cuáles deberían ser la acciones positivas que los Estados deben realizar para combatir la desinformación en línea, en el estado actual en que se encuentran las cosas los perjuicios invocados por el fiscal son meramente hipotéticos".
Afirmó que “el desafío de abordar la problemática de la desinformación en línea que el Observatorio cuestionado tendría como objetivo es evidente y bastante común en diversas partes del mundo, pero también lo es la preocupación de la ciudadanía respecto de la forma en que se lleva a cabo este tipo de tarea pues, a través de ese tipo de iniciativas es posible limitar de manera indebida la libertad de expresión, extender el control del Estado sobre los medios, restringir la libertad en Internet y ampliar la facultad de diversos actores de recopilar datos personales”.
Destacó “el papel esencial que desempeñan la libertad de expresión e información como así también los medios de comunicación independientes”. Expresó que “se manifiesta cierta alarma por el uso indebido de las redes sociales y se expresa una fuerte preocupación de que muchos Estados se encuentran sancionando leyes que limitan de manera indebida la libertad de expresión, pues extienden el control del Estado sobre los medios y restringen la libertad en Internet”.
Entre sus pedidos Stornelli había solicitado la indagatoria de Lewin por considerar que se debe analizar un “posible abuso de autoridad y/o violación de los deberes de funcionario público”. Advirtió sobre “la aparente finalidad de impedir o estorbar la libre circulación de publicaciones o manifestaciones amparadas por la libertad de prensa y/o la libertad de expresión y/o de alentar o incitar la persecución contra una persona o grupo de personas a causa de sus ideas políticas, impidiendo, obstruyendo, restringiendo o de algún modo menoscabando el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías constitucionales”.
Para la SIP el Gobierno persigue un “oscuro propósito”
La Sociedad Interamericana de Prensa rechazó la creación de un observatorio de medios gubernamental en la Argentina, que consideró que tiene el “oscuro propósito” de “proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias”. El organismo se mostró sorprendido de que un tema tan relevante para la sociedad y la democracia “no haya tenido el necesario debate público”.
El presidente de la SIP Christopher Barnes cuestionó: “lamentamos que una vez más un gobierno argentino, como lo han intentado otros gobiernos en el país en varias épocas, busca juzgar la conducta y los criterios editoriales de los medios, decidiendo qué es bueno o malo para la sociedad”.
